Modifica el DFL N°382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, y la ley N° 18.902, que Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para imponer nuevas obligaciones a las concesionarias, establecer una nueva causal de caducidad de las concesiones y elevar el monto de las multas aplicables en caso de infracción

Este proyecto busca que las empresas de agua potable y alcantarillado (sanitarias) entreguen un mejor servicio y sean castigadas con más fuerza si fallan. Propone que, si una empresa contamina el agua por descuido o no tiene un buen plan para actuar en emergencias, el Estado pueda quitarle el permiso para trabajar (caducidad). Además, sube el valor de las multas que deben pagar cuando cometen errores, como cobrar de más o entregar información falsa. El objetivo es evitar que se repitan situaciones donde ciudades enteras se quedan sin agua por muchos días, asegurando que las empresas inviertan más en seguridad y respondan rápido ante problemas.