Modifica la ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para incorporar una nueva causal de inhabilidad para contratar con organismos del Estado

Este proyecto de ley busca evitar que personas que han fallado en sus compromisos con el Estado sigan haciendo negocios con él. Actualmente, algunos empresarios cuyas empresas no cumplieron un contrato o entregaron un mal servicio, cierran esa empresa o cambian su giro (actividad económica) para volver a postular a licitaciones como si fueran nuevos. La propuesta establece que si una persona es dueña o socia mayoritaria de una empresa que no cumplió, ella misma quedará inhabilitada para estar en el registro de proveedores del Estado. Con esto se busca proteger el dinero de todos los chilenos, asegurar que los servicios públicos sean de buena calidad y evitar que se use el 'ingenio' para saltarse las reglas de transparencia y probidad.