Modifica el decreto con fuerza de ley N°850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, y del DFL Nº 206, de 1960, para regular el traslado de las instalaciones de suministro de servicios que ocupen los caminos públicos y sus respectivas fajas de dominio público, u otras obras viales regidas por el referido cuerpo legal

Este proyecto busca evitar que postes de luz, cables o cañerías queden en medio de calles nuevas o ciclovías cuando se hacen arreglos. Actualmente, estos obstáculos pueden retrasar las obras hasta dos años por falta de coordinación. La propuesta obliga a las empresas dueñas de estos servicios (como luz, agua o internet) a mover sus instalaciones en un máximo de 30 días hábiles una vez que el terreno esté listo. Si no cumplen con este tiempo, las empresas deberán pagar una multa de entre 2 y 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada poste o tubo que no hayan movido. Con esto se busca que las calles sean más seguras para conductores y ciclistas, y que el Estado no pierda dinero en juicios largos contra las empresas.