Modifica la Carta Fundamental para proscribir los vínculos entre el narcotráfico y el ejercicio de funciones o cargos públicos y otras actividades de carácter social

Este proyecto busca proteger la democracia chilena impidiendo que personas relacionadas con el tráfico de drogas ocupen cargos de autoridad. La propuesta establece que si alguien trabaja para el narcotráfico o recibe ayuda de este, no podrá ser autoridad pública, director de escuela, ni dirigente de juntas de vecinos o sindicatos por un periodo de 15 años. El objetivo es crear una 'muralla' que separe la política y las organizaciones sociales del dinero y la influencia de las bandas criminales, asegurando que quienes toman decisiones en el país no tengan compromisos con delincuentes. Además, define que estos vínculos son una amenaza grave para la convivencia democrática nacional.