Regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica.

Este proyecto busca que las personas presas que están muy enfermas o son muy ancianas puedan terminar de cumplir su castigo en sus casas en lugar de la cárcel. Esto se aplicaría en tres casos: personas con enfermedades que no tienen cura y les queda poco tiempo de vida, personas que tienen una discapacidad física grave que no les permite valerse por sí mismas, y personas mayores de 75 años que ya cumplieron la mitad de su condena. Para que esto pase, médicos y especialistas deben revisar a la persona y asegurar que su salud es realmente mala. El control en la casa lo hará Carabineros o Gendarmería, a veces usando una tobillera electrónica. Si la persona no cumple las reglas o sale de su casa sin permiso médico, deberá volver a la cárcel.