Modifica la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en el sentido de establecer un plazo para cumplir con la exigencia de accesibilidad aplicable a edificios públicos y otros que presten servicios a la comunidad.

Este proyecto busca que todos los edificios públicos y aquellos que atienden a muchas personas sean realmente accesibles para quienes tienen discapacidad o movilidad reducida. Aunque ya existe una ley que obliga a esto, muchos edificios todavía tienen barreras físicas (como escaleras sin rampas) que impiden el paso. La propuesta da un plazo máximo de 30 días para que estos lugares hagan los arreglos necesarios. Si no cumplen, se les cobrará una multa en dinero y el edificio podría ser cerrado hasta que se arregle el problema. El objetivo es que todas las personas puedan entrar y moverse solas por estos espacios sin dificultades.