Modifica la ley N° 20.998, que Regula los Servicios Sanitarios Rurales, en materia de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a la regulación tarifaria de los servicios rurales

Este proyecto busca que el agua en el campo tenga un precio justo y un buen servicio. Actualmente, muchos comités o cooperativas de agua potable rural (APR) deciden sus propios precios, pero no siempre entregan agua con buena presión o sin cortes. La iniciativa propone que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (el organismo que vigila a las empresas de agua) pueda revisar que lo que cobran estos grupos rurales sea coherente con la calidad del servicio que entregan. Si una organización cobra una tarifa pero entrega un mal servicio (poca presión o cortes injustificados), la Superintendencia podrá aplicar multas. Esto protege a las familias que viven en zonas rurales, asegurando que el pago mensual garantice agua limpia y constante en sus hogares.