Establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest.

Este proyecto de ley actualiza las normas contra crímenes en internet y computadoras (ciberdelitos). Reemplaza la antigua ley de 1993, que ya no sirve por el avance tecnológico. Crea castigos para entrar sin permiso a sistemas (acceso ilícito), dañar datos, interceptar mensajes privados, falsificar información digital, estafar usando computadoras y vender herramientas para hackear. Añade reglas para investigaciones: obliga a empresas de internet a guardar datos por 90 días y ayudar al Ministerio Público. Protege servicios públicos como luz, agua y bancos. Aumenta penas si se usa encriptación para esconderse o si afecta servicios esenciales. Beneficia a todos los que usan internet (87% de hogares chilenos) y cumple con tratado internacional ratificado por Chile en 2017.