Fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica.

Esta ley busca que los colegios sean lugares más seguros para todos. Permite que los directores puedan expulsar o cancelar la matrícula de estudiantes que usen armas, bombas molotov o que golpeen gravemente a profesores y trabajadores de la escuela. Antes, estos procesos eran muy lentos y duraban casi un mes; ahora, el director puede tomar la decisión en 5 días para proteger a las víctimas rápidamente. Aunque se expulse al alumno, sus padres pueden pedir que se revise la decisión, pero el estudiante no podrá volver a clases mientras se decide. El Ministerio de Educación tiene la tarea de ayudar a que ese alumno sea reubicado en otro colegio para que no pierda su derecho a estudiar.