Modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de exigir que la construcción de viviendas sociales satisfaga las necesidades de las personas en situación de discapacidad

Este proyecto busca que las casas entregadas por el Estado (viviendas sociales) sean cómodas y útiles para las personas con discapacidad. Actualmente, muchas de estas casas tienen un diseño básico que no permite que alguien en silla de ruedas o con movilidad reducida se mueva con facilidad. La propuesta obliga a las empresas que ganen las licitaciones a reunirse con los futuros dueños para conocer qué necesitan y adaptar la construcción a esas necesidades. Lo más importante es que estos cambios no tendrán un costo extra para las familias; si hay gastos adicionales, la empresa constructora deberá pagarlos. El objetivo es asegurar que todas las personas, sin importar su condición física, vivan en una casa digna que les permita ser independientes.