Modifica la ley N°20.066, Sobre Violencia Intrafamiliar, con el objeto de inhabilitar a quienes hayan sido condenados por faltas o delitos establecidos en dicho texto legal, para ejercer los cargos públicos que indica

Este proyecto busca que las personas que han sido condenadas por violencia intrafamiliar (VIF) no puedan trabajar en cargos importantes del Gobierno ni ser candidatos a elecciones. Actualmente, algunas sanciones de tribunales de familia no impiden que alguien sea autoridad. La propuesta establece que si una persona es condenada por maltrato a su pareja o familiares, no podrá ser Ministro, Subsecretario o Delegado Presidencial por 5 años. También prohíbe que sean candidatos a Diputados, Senadores, Alcaldes o Concejales. Si la persona ya está en el cargo y es condenada, deberá dejarlo inmediatamente. Si la persona vuelve a cometer el mismo error (reincidencia), el castigo de no poder ejercer cargos públicos sube a 10 años. El objetivo es asegurar que las autoridades tengan una conducta moral adecuada y proteger a las víctimas de violencia.