Elimina el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior, estableciendo una regulación transitoria para el año 2017.

El proyecto busca eliminar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), un dinero que el Estado entregaba a las universidades y centros de formación técnica que matriculaban a los alumnos con mejores puntajes en la PSU. El Gobierno propone este cambio porque se detectó que el AFI beneficiaba principalmente a estudiantes de familias con más dinero, lo que aumentaba la desigualdad en lugar de premiar solo el mérito. Para que las instituciones no pierdan este financiamiento de golpe, la ley crea un fondo de transición de 2.000 millones de pesos solo para el año 2017. De esta forma, los colegios y universidades pueden adaptarse al cambio de manera gradual. El dinero para este pago saldrá de los ahorros del Tesoro Público ya contemplados para ese año.