Modifica la ley N° 19.253, para establecer prohibiciones en relación con la adquisición de tierras y el acceso a los beneficios del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas

Esta propuesta busca frenar la violencia en zonas rurales, especialmente en la Araucanía. El proyecto establece que el Estado no podrá comprar tierras para comunidades indígenas si esos terrenos han sido ocupados a la fuerza o han tenido problemas de violencia en los últimos 5 años. Para que esto se aplique, debe existir un reporte de Carabineros o la PDI y una denuncia en la Fiscalía. Además, las personas que hayan sido condenadas por delitos graves (crímenes) no podrán recibir ayudas económicas del Fondo de Desarrollo Indígena. El objetivo es incentivar que las demandas por tierras se realicen de forma pacífica y legal, evitando que los actos violentos sean un método para conseguir terrenos o beneficios estatales.