Establece que las personas condenadas por delitos que la ley califique como conducta terrorista y por delitos relativos al tráfico de estupefacientes no tendrán derecho a la rehabilitación de la ciudadanía

Esta propuesta busca cambiar la Constitución para que las personas condenadas por terrorismo o tráfico de drogas pierdan sus derechos como ciudadanos para siempre. Actualmente, después de cumplir su castigo, estas personas pueden pedirle al Senado que les devuelva el derecho a votar o a ser candidatos (rehabilitación). El proyecto argumenta que estos delitos causan un daño tan grave a la sociedad que quienes los cometen no deberían volver a participar en las decisiones del país. Si se aprueba, estas personas ya no podrán votar ni postularse a cargos públicos nunca más, eliminando la posibilidad de que el Senado revise sus casos.