Impone a establecimientos comerciales que comercialicen las denominadas "gift card" la obligación de llevar un registro de los consumidores y solicitantes de tales tarjetas

Actualmente, cuando alguien compra una tarjeta de regalo o 'gift card', las tiendas no están obligadas a anotar quién la compró. Esto permite que personas puedan usar dinero de origen ilegal para comprar muchas tarjetas y luego repartirlas, lo que se conoce como lavado de dinero (limpiar dinero obtenido de delitos). Este proyecto de ley propone que todas las tiendas, bancos y centros comerciales que vendan estas tarjetas deban pedir el nombre y RUT del comprador y guardar esa información por dos años. De esta forma, si las autoridades lo necesitan para una investigación, podrán saber quién adquirió originalmente ese saldo. Esto ayuda a que el comercio sea más transparente y seguro para todos, evitando que se use como una herramienta para ocultar ganancias de actividades ilícitas.