Modifica la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para prohibir la celebración de tales contratos con quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad

Esta propuesta busca que el Estado de Chile no pueda contratar a personas que hayan sido condenadas por delitos graves contra los derechos humanos (crímenes de lesa humanidad). Actualmente, la ley ya prohíbe contratar con personas que tengan deudas laborales o prácticas antisindicales, pero no menciona estos delitos graves. El objetivo es evitar que quienes cometieron estos actos reciban dinero público a través de negocios con el gobierno o empresas estatales. Con esto, se busca dar una señal de justicia y respeto a las víctimas, asegurando que los recursos de todos los chilenos no aumenten el patrimonio de personas con antecedentes penales por violaciones a los derechos fundamentales.