Establece nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional.

Esta ley busca mejorar el sistema eléctrico de Chile para que la energía sea más barata y segura. Para lograrlo, crea un nuevo organismo independiente encargado de vigilar que la electricidad fluya correctamente por todo el país, sin favorecer a ninguna empresa en particular. También permite que el Estado planifique con mucha anticipación (hasta 30 años) dónde se necesitan nuevas líneas de transmisión, evitando que se dañe el medio ambiente o se afecte a las comunidades innecesariamente. Un cambio importante es que ahora el costo de las grandes torres y cables de alta tensión se pagará de forma más simple y transparente, fomentando que más empresas de energías limpias puedan conectarse y competir, lo que ayuda a bajar las cuentas de luz de las familias.