Fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización.

Este proyecto busca que los partidos políticos funcionen de manera más abierta y democrática. Se les reconoce como instituciones de derecho público, lo que significa que tienen un rol oficial en la sociedad. Entre los cambios más importantes, se obliga a los partidos a elegir a sus dirigentes mediante votaciones de sus miembros y a publicar en internet información sobre su dinero y decisiones (transparencia activa). También se fomenta que más mujeres y jóvenes (desde los 14 años) participen en política. El Servicio Electoral (Servel) tendrá más facultades para fiscalizar que cumplan con la ley, asegurando que los partidos sean herramientas útiles para que las personas participen en el destino del país.