Radar de fiscalización parlamentaria

Se sirva dictar instrucciones sobre el caso particular expuesto e iniciar un procedimiento disciplinario, si así lo estimare, recabando el testimonio de S. E. el Presidente de la República, la Ministra del Interior y Seguridad Pública u otros funcionarios que estime conveniente y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones relativas a transparencia en la función pública, formulando recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información.

Se sirva informar sobre la eventual facultad que tendría el poder ejecutivo para revocar los decretos por medio de los cuales se concedieron pensiones de gracia a personas con antecedentes penales en el contexto de las manifestaciones ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019, dando respuesta a las demás interrogantes que formula.

Informe sobre la posibilidad de disponer las medidas necesarias para asegurar una implementación adecuada de la Ley Karin, fortaleciendo los equipos destinados exclusivamente a la tramitación de procedimientos por esta nueva normativa, ya que esto será fundamental para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores, por las consideraciones que expone.

Se sirva informar sobre la posibilidad de iniciar un proceso que permita dilucidar las responsabilidades administrativas y las sanciones que correspondan en el caso de las omisiones del señor Miguel Crispi en las Comisiones Especiales Investigadoras de la Cámara de Diputados y ante la Fiscalía del Ministerio Público y adoptar las medidas que en derecho correspondan para que se hagan efectivas las responsabilidades de aquellos funcionarios que han mentido públicamente a objeto de proteger a sus compañeros de militancia y socios de negocios.

Tenga a bien adoptar las medidas que estime pertinentes, a fin de fiscalizar y emitir un pronunciamiento sobre la denuncia referida a eventuales conflictos de interés que existirían en el Departamento de Atención Ciudadana de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en los términos y por las consideraciones que plantea.

Si lo tiene a bien, y considerando el hecho de que el señor Miguel Crispi omitió información importante sobre el caso Convenios durante su declaración en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y la Fiscalía, sírvase informar si estos actos omisivos, constituyen una falta a la probidad administrativa u otra ilegalidad que usted considere al efecto. En caso afirmativo, tenga a bien iniciar un procedimiento para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan. Asimismo, instruir, dentro del ámbito de su competencia, todas las medidas que se encuentren a su alcance para que el señor Miguel Crispi informe a usted precisamente cuáles fueron los antecedentes que conoció del caso, poniendo a su disposición las conversaciones que mantuvo con la diputada Catalina Pérez y el ex Seremi Carlos Contreras.

Estado de tramitación de la denuncia número E47022, presentada el 24 de abril de 2025, por infracción a la ley de alcoholes, a las normas sobre autorización de microempresas y por ruidos molestos presentada por la operación del restorán de nombre legal Gladys del Pilar Zúñiga Serrano EIRL, RUT 77.857.742-9, ubicado en la calle José Joaquín Pérez N° 60, en la comuna de Buin, cuyo nombre de fantasía es "Distrito Buin".

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, ordene iniciar el procedimiento administrativo del caso conducente a sancionar la infracción a la obligación de informar contenida en el artículo 9° del citado cuerpo legal, en que ha incurrido la señora Subsecretaria de Salud Pública, al no haber dado respuesta, a esta fecha, al oficio N° 64.994, de 9 de abril de 2024, que en copia se anexa, e informe a esta Cámara.

Se sirva disponer una fiscalización, auditoría y eventual instrucción de investigación especial y/o sumario administrativo, por eventuales deficiencias de control interno y materias de regularidad administrativa en la gestión del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), relativas a ejecución presupuestaria, dotación, contratación y procesos de compras públicas, además de verificación de antecedentes oficiales sobre duplicidades y evaluaciones, por las consideraciones que expone.

Impacto que tendría la implementación de la "Ley de Bosque Nativo" y del Decreto Ley N° 2565, en cuanto al desarrollo de proyectos orientados a la construcción de viviendas sociales, con particular enfoque en los comités habitacionales "Santa Clara", "Santa Fátima", "San Ignacio" y "Familia Hospitalaria", pertenecientes a la comuna de Viña del Mar, refiriéndose especialmente a la factibilidad de adoptar medidas para compatibilizar lo anterior, en los términos y dando respuesta a las demás interrogantes que plantea.