Radar de fiscalización parlamentaria
Respuestas comunicadas en Cuenta Oficial y organismos que contestan cuando el texto permite identificarlos de forma específica.
Eventos analizados
466
1 sesiones con Cuenta
Respuestas recibidas
466
Contestaciones comunicadas en Cuenta
Organismos identificados
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Actividad reciente: respuestas
Estado en que se encuentra la implementación del "Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA)", en la comuna de Los Ángeles, regulado mediante el Decreto Supremo N° 4 de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, detallando especialmente los resultados concretos, mecanismos de fiscalización y evaluación de efectividad correspondientes, en los términos y dando respuesta a las demás interrogantes que plantea.
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Eventuales fiscalizaciones y medidas urgentes adoptadas por parte de la SEREMI de Salud de Atacama ante la evidente plaga de roedores en la escuela España de Vallenar, remitiendo el resultado de dichas acciones y su efectividad en la protección de la comunidad escolar.
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Situación que estaría afectando a las y los habitantes del "Pasaje Las Brisas", ubicado en la "Población Miramar" de la comuna de Antofagasta, a causa de un "punto limpio" que se habría transformado en un grave foco de insalubridad, refiriéndose especialmente a los antecedentes disponibles en tal sentido, así como a las medidas que es posible adoptar al respecto, en los términos y dando respuesta a las demás interrogantes que plantea.
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Estado en que se encuentra el proceso de revisión y actualización del "Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA)", de la comuna de Los Ángeles, en la Región del Biobío, detallando especialmente la continuidad, evaluación y proyección correspondiente, en los términos y dando respuesta a las demás interrogantes que plantea.
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Compromisos asumidos por la Secretaría Regional Ministerial que usted representa, en relación con el proceso de erradicación de Cerro Chuño, especificando acciones, metas, plazos y recursos comprometidos, indicando si ha existido coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota. En caso afirmativo, señale el número de reuniones sostenidas durante el presente período (con fechas), identificando los principales acuerdos adoptados en dichas instancias y el estado de avance de los acuerdos con los porcentajes de cumplimiento, hitos alcanzados y eventuales dificultades o retrasos.
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Los criterios técnicos, médicos y jurídicos que se aplican para calificar una patología como enfermedad profesional o laboral, en el marco de lo dispuesto en la ley N° 16.744 y su normativa complementaria, en los términos y dando respuesta a las demás interrogantes que plantea.
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Cumplimiento de la normativa establecida en la ley N°21.015, indicando detalladamente el número de personas con discapacidad contratadas actualmente en esa municipalidad, el número de asignatarias de pensión de invalidez contratadas, el porcentaje de cumplimiento de la norma que indica y las medidas que se han tomado para hacer efectivas sus disposiciones.
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Situación expuesta por la Contraloría General de la República en su cuenta pública, respecto de la eventual existencia de funcionarios públicos que, encontrándose con licencia médica, habrían desarrollado actividades laborales en el sector privado, detallando especialmente la cantidad de funcionarios municipales que durante los últimos cinco años se encontrarían en tal situación, así como las medidas administrativas y disciplinarias que se han adoptado o adoptarán al respecto, en los términos y dando respuesta a las demás interrogantes que plantea.
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Cumplimiento de la normativa establecida en la ley N°21.015, indicando detalladamente el número de personas con discapacidad contratadas actualmente en esa municipalidad, el número de asignatarias de pensión de invalidez contratadas, el porcentaje de cumplimiento de la norma que indica y las medidas que se han tomado para hacer efectivas sus disposiciones.
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Si los servicios municipales, oficinas comunitarias o departamentos de atención ciudadana han recibido denuncias, reclamos o reportes por parte de vecinos, dirigentes sociales o funcionarios públicos que manifiesten dudas, inconsistencias o sospechas fundadas respecto de la legitimidad de las redes de apoyo, tutores legales o adultos responsables a cargo de menores de edad de nacionalidad haitiana que residan en la comuna, además si el el municipio se encuentra diseñando, coordinando o implementando estrategias específicas de búsqueda activa, catastro o fiscalización en terreno para determinar el paradero, la identidad y las condiciones generales de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana en la comuna, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus derechos fundamentales y si el municipio ha interpuesto denuncias formales ante el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) o si ha realizado solicitudes de medidas de protección ante los Tribunales de Familia competentes de la jurisdicción, motivadas por sospechas de trata, tráfico ilícito de migrantes o vulneración grave de derechos de niños, niñas y adolescentes haitianos en los últimos cinco años.
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