Radar de fiscalización parlamentaria

Si ese servicio ha sido formalmente notificado por la Contraloría General de la República respecto de servidores que se encuentren en la situación de irregularidad descrita en el CIC N°21. En caso de existir antecedentes que vinculen a personal de esa dotación, refiérase a la instrucción de las correspondientes investigaciones sumarias o sumarios administrativos, tendientes a determinar las responsabilidades administrativas y el eventual perjuicio fiscal derivado de la percepción indebida de subsidios por incapacidad laboral o remuneraciones.

Cantidad de funcionarios municipales, cualquiera sea su calidad jurídica, que durante los últimos cinco años, encontrándose con licencia médica, habrían desarrollado actividades laborales en el sector privado, las medidas administrativas y disciplinarias que adoptará, o pretende adoptar, precisando si se instruyeron sumarios o investigaciones sumarias, estado de tramitación y, en su caso, sanciones aplicadas. Asimismo, señale las medidas de control interno existentes en la Municipalidad destinadas a prevenir el uso indebido de licencias médicas, precisando el monto estimado de los recursos públicos involucrados en aquellos casos en que se haya determinado un uso indebido de licencias médicas y si los antecedentes señalados han sido remitidos a la Contraloría General de la República u otros órganos competentes, indicando fecha y estado de gestiones.

Cartera de proyectos de esa municipalidad que se encuentran a la espera de financiamiento por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, incluyendo el nombre del proyecto y línea de financiamiento, sector beneficiado, monto solicitado y estado de tramitación; fecha de postulación y plazo de ejecución proyectado.

Medidas preventivas y acciones de mitigación que ese municipio ha adoptado en el contexto de la preparación para la próxima temporada invernal, especialmente en materia de planes de mantenimiento y limpieza de colectores de aguas lluvias, canales, sumideros y sistemas de evacuación, identificación de puntos críticos dentro de la comuna y medidas específicas adoptadas para su intervención, planes de emergencia y coordinación con organismos competentes (ONEMI/SENAPRED, empresas de servicios básicos, entre otros), estrategias de comunicación preventiva dirigidas a la comunidad y recursos humanos, técnicos y logísticos destinados a enfrentar eventuales contingencias climáticas.

Posibilidad de disponer una pronta y profunda fiscalización al interior de la Municipalidad de Melipeuco, al tenor de la denuncia que se adjunta sobre irregularidades en temas relacionados con el manejo de los recursos humanos, educación, procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios, uso indebido de medios municipales, entre otros.

Indique información sobre la situación previsional del señor Roberto Araya Cabezas, quien prestó servicio militar entre los años 1978 y 1980. Asimismo, señale la posibilidad de revisar sus antecedentes e informar cuál es la razón por la cual se generó su laguna previsional, así como cualquier antecedente administrativo que pueda ayudar a esclarecer su situación.

Se sirva informar sobre la legalidad, oportunidad y procedimiento administrativo relacionado con la ejecución de los convenios de transferencia de recursos públicos a fundaciones privadas sin fines de lucro, encargadas de implementar los denominados Programas de Inversión en la Comunidad (PIC), en el marco del Programa ProEmpleo, en los términos que plantea.

Si lo tiene a bien, emita un pronunciamiento jurídico en torno a la eventual infracción que incurrió el Servicio de Impuestos Internos a normas constitucionales, a través de la decisión administrativa que rebaja el impuesto territorial de los locatarios y oficinistas emplazados en el centro de la comuna de Santiago. Asimismo, indique si, en el marco de esta decisión, se infringió el principio de probidad previsto en las leyes, y las disposiciones contenidas en el artículo 19 numeral segundo y vigésimo segundo de la Constitución Política de la República.

Reitera oficio N° 59.942, de fecha 12 de enero de 2024.

Se sirva informar sobre la posibilidad de iniciar una auditoría respecto a la orden de compra N° 776-723-TD25, emitida por la Presidencia de la República, con fecha 5 de junio de 2025, por un monto total de $3.816.838 (tres millones ochocientos dieciséis mil ochocientos treinta y ocho pesos), especificando si dicho gasto cumple con los principios de probidad, transparencia y eficiencia del gasto público de conformidad con la ley N° 19.886 de Compras Públicas, si se ajusta a la finalidad de la institución contratada y si su selección responde a criterios de especialización y mejor oferta, si constituye un uso adecuado de recursos fiscales, y si posee sustentación técnica y documental que justifique el monto ejecutado.